Organizaciones, comunidades y colectivos urgen al Ejecutivo Federal a detener la construcción del Tren Maya y Respetar la Libre Determinación de las comunidades.-
El día 06 de abril del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020, suscrito por el Secretario de Salud Pública del gobierno Federal. De manera específica, el párrafo segundo del artículo 2 del citado Acuerdo establece claramente que todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal deberán continuar para cumplir con los compromisos a corto plazo de los proyectos Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Angeles y el Corredor Transístmico aún cuando los acuerdos en la materia establecen el cierre de todas las actividades no esenciales en el país hasta el 30 de abril de 2020 con la finalidad de impedir se siga propagando la enfermedad. Del mismo modo ONU-Habitat y FONATUR continúan realizando un censo y entrevistas durante la fase 2 de esta emergencia sanitaria con la finalidad de desalojar y reubicar a población de la ciudad de Campeche. Frente a este acto del Poder Ejecutivo, las organizaciones, colectivos y comunidades firmantes manifestamos lo siguiente.
PRIMERO. Resulta preocupante que frente a la emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial por la aparición del Covid-19, el gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el proyecto denominado “Tren Maya”, a pesar de que su construcción y el desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia. Esta determinación, pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras derivadas del citado proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo. El propio gobierno federal ha resaltado la importancia de mantener la cuarentena y evitar toda aquella actividad que no sea indispensable para la subsistencia de las personas, situación que no aplica en el presente caso.
SEGUNDO. Continuar las actividades relativas a la construcción del Tren Maya en el actual contexto, genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto. Ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, se debe garantizar la posibilidad real de que las personas, comunidades o colectivos puedan ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto, puedan hacerlo. Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria.
TERCERO. Del mismo modo, es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia. El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto. De manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas. En ese sentido, cabe recordar que el proceso participativo realizado por el gobierno federal a diversas comunidades indígenas afectadas por el proyecto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional, principalmente lo establecido por el Convenio 169 de la OIT de consultas indígenas, e incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU-DH), que señaló que el mismo no había cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.
Sobre esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir su opinión consultiva OC-23/17, determinó que los Estados poseen obligaciones procesales, como garantizar el acceso a la información relacionada con posibles daños ambientales, asegurar el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre el impacto ambiental y asegurar el derecho de acceso a la justicia para hacer cumplir las obligaciones estatales relacionadas con el medio ambiente, situaciones que, hasta la fecha, no se han satisfecho en el proyecto denominado Tren Maya y cuyo cumplimiento se hace imposible en las actuales circunstancias de contingencia sanitaria.
En ese sentido nos preocupa que el argumento principal para continuar con la implementación del denominado Tren Maya sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto definido, ni la información necesaria para conocer sobre si el mismo beneficiaría a la población rural e indígena de la península. Hasta el momento hay información de que éste beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social.
Ante esta situación, las organizaciones, comunidades y colectivos firmantes, hacemos un llamado al Presidente de la República para que suspenda la construcción del denominado Tren Maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información, y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto. Continuar este proyecto en las actuales circunstancias, representa una grave vulneración a los derechos humanos de las comunidades afectadas y de la población en general.
Finalmente, le solicitamos a las Relatoras Especiales sobre Pueblos Indígenas tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus competencias, soliciten la información necesaria y exhorten al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, empezando por el derecho a la salud, el que está en riesgo de continuarse la construcción de proyecto en las actuales circunstancias. En este sentido le urgimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haga visitas in situ, y emita las medidas cautelares pertinentes para solicitar se salvaguarden esos derechos que están en riesgo por la continuación del proyecto.
Atentamente.
Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán.